Fiscal del Estado asume el compromiso de coordinar acciones para cesar las prácticas discriminatorias

Fuente: AsambleaNacional.gob.ec

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Jueves, 08 de Septiembre de 2011 10:16

En el marco de la sesión de trabajo convocada por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que coordina la asambleísta María Paula Romo, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, asumió el compromiso de promover acciones encaminadas a cesar las prácticas discriminatorias hacia la mujer y personas que se reconocen como lesbianas y homosexuales, en la administración de justicia.

Ante la denuncia formulada en el sentido que persisten clínicas y centros ilegales de rehabilitación que plantean la homosexualidad como un trastorno de conducta, lo cual es una violación de los derechos de libertad y no discriminación reconocidos en la Constitución de la República, el Fiscal anunció que en los próximos días solicitará información al Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Consep y a las autoridades del Ministerio de Salud, respecto del funcionamiento de estas casas asistenciales.

"Me sorprende que después de muchos años de haber desarrollado una gran cruzada para despenalizar la homosexualidad se registren prácticas de esta naturaleza; lo que ustedes relatan son hechos muy graves, que no vienen de hace pocos meses, sino por más de 10 años y no ha habido la respuesta oportuna de las autoridades. Lo que me preocupa también es que haya observaciones internacionales al Ecuador por este motivo", dijo.

Añadió que, en principio, no será una investigación procesal, sino que recogerá los elementos de juicio necesarios para establecer si, de ser necesario, se deben emprender las acciones legales pertinentes.

Responsabilidad del Estado

De su lado, la coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, María Paula Romo, aclaró que este reclamo no está dirigido necesariamente a las entidades del Gobierno, sino a las diferentes instancias del Estado, en su conjunto.

Indicó que la preocupación del Grupo Parlamentario y de la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad entre Hombres y Mujeres, se fundamenta en estudios que dan cuenta que desde diversos sectores: la familia, los medios de comunicación, las entidades y organismos públicos, se concibe al homosexualismo como un problema de carácter patológico, cuando se ha demostrado que es una condición de preferencia por una opción sexual y esas personas son sujetos de derechos, los cuales deben ser garantizados por el Estado.

Agradeció la predisposición del fiscal Galo Chiriboga por llevar una agenda conjunta de trabajo con el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, en aras de alcanzar la equidad de género y el irrestricto respeto de los derechos de todas y todos.

Dentro de las exposiciones, Ana Lucía Herrera, de la Comisión de Transición, subrayó que la persistencia de actitudes homofóbicas se manifiesta, con mayor fuerza, en el ámbito médico, porque hay profesionales de la salud que consideran todavía que se trata de una desviación sicológica, es decir, una patología que puede ser tratada como cualquier otra enfermedad.

Igualmente, se presentaron relatos de personas que han sido discriminadas en las instancias judiciales, como el caso de las Comisarías de la Mujer, cuando han presentado denuncias de violencia intrafamiliar.

También, en casos de personas que han sido recluidas en centros de salud para una supuesta rehabilitación por homosexualidad o lesbianismo, cuando se plantea en la Fiscalía una denuncia por secuestro o plagio, no se la acepta porque no hay un rescate de por medio u otros requisitos para que se considere un delito.